miércoles, 30 de marzo de 2011

Acuerdo desinformativo

Eduardo Galeano me comentó hace unas semanas que a su casa en Montevideo llegaban un periódico y un semanario mexicanos: “Es tanta la sangre que traen, que le tengo que advertir a las visitas que pueden mancharse los zapatos”, me dijo. El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia pareciera responder a una preocupación legítima: la violencia se ha convertido en el tema central de los medios de comunicación masiva desde el inicio del sexenio, cuando el presidente Felipe Calderón determinó en solitario –porque no lo consultó ni con el Congreso ni con la sociedad— emprender una guerra contra el crimen organizado.
En el transcurso de esa cobertura, en efecto, se han cometido excesos. Al difundirse narcomantas se les regala un espacio a la delincuencia organizada. Se les legitima como emisores de un mensaje. El extremo de esta falta de control fueron las entrevistas con José Jorge Balderas Garza, El JJ. El narcotraficante confeso daba su versión a los conductores estelares de la televisión con sus ropas y su petulancia de junior exitoso.
Según mi lectura, el Acuerdo pretende atender dos problemas distintos. Por un lado, proponer autocontroles para que los medios no se conviertan en voceros de la delincuencia organizada. Y en segundo lugar, quiere atender la censura del crimen organizado. El periodismo en Tamaulipas y Chihuahua, en Nuevo León y Sinaloa, se ha convertido en un oficio de alto riesgo. La libertad de expresión se encuentra limitada y no pocas veces anulada por el narcotráfico, que ya perdió el rubor de matar periodistas con impunidad. Ambos problemas, la sobreexposición de la violencia y la censura impuesta por el narco, son relevantes y deben ser resueltos. Pero no hay que confundirlos ni mezclarlos.
Convocados por Televisa y Televisión Azteca, a través de su Iniciativa México, 715 medios de comunicación firmaron el Acuerdo. Faltaron periodistas y medios de comunicación importantes –Gatopardo no lo suscribió— pero los convocantes atrajeron a medios de considerable influencia. Pero hay que leerlo críticamente. El Acuerdo es positivo en la apariencia pero regresivo en la sustancia. Hay puntos con los que es inevitable estar de acuerdo: el número uno, por ejemplo, que dice que la violencia del crimen organizado se debe condenar en todo momento. “Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo”. Naturalmente que no. Cuando un medio o cualquier individuo justifica las acciones del crimen organizado incurre en apología del delito, tipificada en el Código Penal. Si un medio de comunicación ha justificado las acciones y argumentos del crimen organizado, seguramente lo ha hecho bajo la amenaza de ese mismo crimen organizado que en ocasiones acude a punta de metralleta a las redacciones a imponer su criterio editorial. De lo contrario comete un delito. No es un tema que esté a discusión.
El punto número dos, “No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada” puede ser discutido en sus matices –si se usan o no palabras como “sicario”, “estaca”, “pozolero”, “encajuelado”, o si se desestima por completo la información que provenga de las fuentes criminales— pero tampoco merece una objeción normativa. Los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 son igualmente válidos, incluso presentan innovaciones pertinentes para el periodismo mexicano: “No prejuzgar culpables”, “Cuidar a las víctimas y a los menores de edad”, “Alentar la participación y la denuncia ciudadana”, “Proteger a los periodistas” y “Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Es innovador que se reconozca a los niños como las víctimas de atención prioritaria en la guerra y resulta urgente que los grandes medios nacionales se solidaricen con los medios locales del norte del país. Era un paso necesario reconocer la ausencia de protocolos para cuidar la integridad física y periodística de los reporteros que cubren el narco, ya como enviados o como reporteros en su propia localidad.
Las objeciones están en los puntos 3 y 4 del Acuerdo, que constituyen su contenido medular. El número 3 se intitula: “dimensionar adecuadamente la información” y llama a presentar la información en el contexto correcto “y en su justa medida”. Pide que se pondere de acuerdo con otros países y regiones. Incluso, se sugiere que se le confine a una determinada sección: “los medios debemos de establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada”. En otras palabras, que los muertos del narco ya no invadan los espacios mediáticos que por derecho natural –en el declarativo periodismo mexicano— le corresponde a las declaraciones de los políticos. El número 4, “atribuir responsabilidades explícitamente”, pide que, siempre que el Estado actúe conforme a la ley en su acción contra el crimen, se debe dejar claro que la violencia proviene del crimen organizado.
El punto 3 es cristalino: el Acuerdo busca enfriar la cobertura del narcotráfico. Confinarla a la sección de interiores, archivar las fotografías de los muertos. Si se apunta que la cruzada de Calderón ha producido 34 mil cadáveres, hay que contextualizar que el envidiable Brasil tiene una tasa de homicidios más alta que el atribulado México. Se pide establecer una cuota de notas del narco y procurar mantenerla a la baja. Detrás de los propósitos explícitos del Acuerdo, se esconde una confesión terrible de los medios: la guerra del narco no es tan grave. En parte la hemos inventado nosotros con nuestra insistencia en los cárteles, en las ejecuciones, en los alias de los capos. La muerte en México, vista en el contexto latinoamericano, debería ser una preocupación menor. El punto cuatro nos pide, con otras palabras, no llamar a esta guerra “La guerra de Calderón”. Las balas y los muertos los ponen los criminales, no el gobierno, es el mensaje. Eso queda claro con la lectura del “Punto de partida” con el que se inicia el Acuerdo: “puede y debe debatirse si la forma que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada. Pero este debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley”. Esta idea se ratifica en los párrafos finales con el encabezado “Respaldo social”, que se presentan como una aportación de los ciudadanos que vigilan y atestiguan el Acuerdo:

"Todos nosotros estamos conscientes de la obligación que tienen los órganos del Estado para combatir frontalmente a los grupos delincuenciales. Esta es una obligación constitucional y legal que no puede ni debe estar sujeta a compromisos o negociaciones. Por ello, esperamos que todos los actores políticos la reconozcan como tal y asuman el compromiso de no claudicar en su cumplimiento".

Calderón, nos dicen los redactores, no hace más que apegarse a la Carta Magna. “Combatir frontalmente” implica librar esa guerra –o dejar que los narcos la libren—. Otras alternativas despiden el hedor de la negociación con los criminales, nos insisten. Es obligación del resto de los políticos no sólo reconocerlo así sino “asumir el compromiso de no claudicar en su cumplimiento”: que la guerra contra el narco se adquiera como política transexenal, aun cuando no tengamos un solo indicador que nos permita saber si el Estado va ganando o perdiendo.
El problema del Acuerdo es que busca resolver un falso problema: México no necesita menos información sobre el narcotráfico, sino más y de mejor calidad. Una de las desventajas de la guerra es que prácticamente no sabemos nada de ella. No conocemos con precisión las razones por las que se declaró, pues Calderón ha dado diversas y contradictorias motivaciones. No sabemos cuál fue el diagnóstico, ni cuáles fueron los criterios para determinar avances o retrocesos. Ignoramos quiénes se hacen responsables de las decisiones tácticas y estratégicas, si el Secretario de Seguridad Pública, o el Secretario de la Defensa, o los secretarios de seguridad pública de los estados. Desconocemos los flujos de dinero del narcotráfico y su vinculación con la banca privada. No sabemos nada de los narcos de cuello blanco: los que lavan el dinero, los que cooptan a los políticos, los que ganan campañas electorales. Del trasiego de drogas en Estados Unidos también lo ignoramos casi todo. Los medios de comunicación han tratado de cubrir ese vacío informativo con el síntoma que está a la mano: las batallas en las calles, los ejecutados y el sadismo del narcotráfico. Leemos acerca de los sicarios, de los narcomenudistas, de los capos que saltan a la fama el día de su detención o muerte. Vemos pobres matando pobres. En su conjunto, pareciera que el narcotráfico está asociado a la pobreza y al norte del país, como si cada pueblo fuera un modelo para El Infierno, la película de Luis Estrada. El gobierno no ha podido o no ha querido atacar los tentáculos financieros y políticos del narcotráfico –o no ha informado sobre ello— y los medios tampoco han tenido la capacidad o la voluntad de investigarlo.
La cobertura del narcotráfico debe extenderse, profundizarse, profesionalizarse y protegerse. Enfriarla, confinarla a páginas interiores, no ayudará a comprenderla y a resolverla. Los problemas no se atenúan o desaparecen porque dejemos de mirarlos y hablar de ellos. El aumento en la violencia no es una exageración de los medios de comunicación sino una tendencia verificable que aumenta año con año a partir de 2007. Cierto, Brasil, Venezuela y Colombia presentan tasas mayores de homicidios, pero la desgracia ajena no puede servir de consuelo y ni siquiera de punto de comparación. Si queremos compararnos con Brasil entonces tenemos que preguntarnos por qué no crecemos a su ritmo aun cuando ellos padezcan una sangría mayor. Si queremos compararnos con Colombia tendríamos que cuestionarnos por qué en México no hemos metido a la cárcel a los legisladores y políticos que amparaban a los grupos paramilitares. La comparación con Venezuela es aún más resbalosa, porque los dos presidentes panistas se han obstinado en diferenciarse de Chávez y asumirse como demócratas. ¿O quieren compararse con un presidente que usaron para descalificar a López Obrador?
La decisión de bajar el nivel de la cobertura del narcotráfico no es más que un síntoma de que la estrategia fracasó. La guerra contra el crimen organizado fue la mayor apuesta política del sexenio y ahora se busca desestimarla. Calderón dice hoy que la principal política pública fue la infraestructura carretera. La mayor inversión en la historia del país, afirma. Otra evasión de la realidad. Su dilema es cómo llegar a las elecciones de 2012 sin reconocer una derrota. No hay cifras que nos digan que el narcotráfico recluta menos jóvenes, trafica menores cantidades de drogas, adquiere menos armas y obtiene menores ganancias. Por el contrario, los indicios apuntan a que el narco es un negocio tan próspero como antaño, pero ahora es cualitativamente más violento.
Si la estrategia fracasó hay que señalarlo. No hay que bajar el perfil de la cobertura sino mejorarlo. La información le ayuda a la sociedad a tomar decisiones. Y sólo con más y mejor información sabremos cómo salir de la crisis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario