martes, 26 de abril de 2011

El desafío Sicilia

Felipe Calderón no había enfrentado un desafío como el que le plantea el poeta Javier Sicilia. Pero si el presidente de la República es sensible, podría aprovecharlo a su favor para salir del pantano en el que metió al país entero a través de la guerra contra el crimen organizado.

Juan Francisco Sicilia Ortega fue asesinado al lado de cuatro jóvenes y dos adultos en Temixco, Morelos, el 28 de marzo pasado. Con su muerte, la narrativa de la complicidad de las víctimas llega a un punto insostenible. Hasta ahora, ha prevalecido la versión oficiosa de que los muertos corresponden a alguno de los bandos criminales. Se habla oficialmente de 36 mil muertos. De ellos, se dice, un 10 por ciento son víctimas civiles. Si el 90 por ciento no son civiles, ¿qué son? Se ha usado el término civil como sinónimo de inocente o de daño colateral. De acuerdo con esa narrativa, ese 90 por ciento no son civiles y por tanto no son inocentes sino bajas de guerra. Su muerte no se investiga porque de antemano se les considera culpables.

En la guerra contra el narcotráfico se ha impuesto la metáfora de la salud y la enfermedad según la cual hay mexicanos podridos que deben ser removidos del tejido social (Calderón habló de una metástasis que había invadido el aparato de gobierno en sus tres niveles). Esta idea nos ha llevado a ver con naturalidad la limpieza social. De acuerdo con las versiones oficiales, la mayoría de las víctimas pertenecían a alguna de las partes enfermas del tejido social. De esa manera, con esas muertes pareciera que ganamos todos porque así hay menos delincuentes. En lugar de que los persiga la policía o el Ejército, los propios cárteles hacen el trabajo sucio de diezmarse, de limpiar el organismo enfermo. El Estado, mientras tanto, observa. No impide las ejecuciones ni las castiga. Asume la culpabilidad de los muertos y, peor aún, la conveniencia de la muerte.

Con el asesinato de Juan Francisco Sicilia, de 24 años al momento de morir, la metáfora de la enfermedad y la dicotomía inocente-culpable pierden sentido: queda claro que la limpieza social no resuelve el problema, no debilita a los cárteles ni devuelve la seguridad a las calles. Sus consecuencias objetivas son las opuestas: los cárteles se han armado más que nunca y cada que pierden efectivos disponen de un ejército de desempleados jóvenes por reclutar; rotan a sus mandos cada vez que se elimina a una de sus cabecillas y, lo más importante, mantienen intocada su estructura financiera. Las maletas de dólares del narcotráfico se reciben con los brazos abiertos en México y, principalmente, en Estados Unidos, en donde se queda el 90 por ciento de las ganancias de este negocio global.

Calderón planteó el combate militarizado al crimen organizado como su principal apuesta política pero nunca dio razones satisfactorias para llevar al país a la guerra. Habló de la metástasis en el aparato de Estado, pero más allá del fallido michoacanazo, los funcionarios de relevancia detenidos por complicidad con el narco se cuentan con los dedos de la mano. Luego dijo que había que evitar que la droga llegara a nuestros hijos. Jorge Castañeda y Rubén Aguilar (en el libro El narco, la guerra fallida) refutaron este punto, diciendo que el consumo en México no se había incrementado sustancialmente en años. Hoy, el gobierno federal argumenta que la militarización es imprescindible para devolver la seguridad a las calles. Castañeda y Aguilar sostienen también que, antes de la guerra, la violencia entre el crimen organizado y el Estado era de las más bajas de los últimos años (dato que se corresponde con una tasa decreciente de homicidios hasta 2007). Paradójicamente, ha sido la supuesta solución —la guerra contra el narco— la que ha generado la mayor violencia en México desde la década de 1910-1920. No sólo ha salido peor el remedio que la enfermedad, sino que ha sido el remedio el que ha provocado la enfermedad. Mientras el país se militariza, se queda impune el lavado de dinero, la protección política al narcotráfico y la muerte de los caídos. Cada ejecutado es una derrota del Estado de Derecho.

Para mala suerte de Calderón, Javier Sicilia entendió el martirio de su hijo como un llamado a la acción. El poeta pudo haberse retirado a la oración y al duelo, pero decidió salir a las calles a reclamar justicia y a exigir un replanteamiento de la estrategia gubernamental. En una época marcada por el descrédito de los políticos profesionales, Sicilia representa su opuesto: no quiere ser gobernador ni presidente, no tiene un negocio que pueda beneficiarse de su reciente notoriedad y ni siquiera aumentará significativamente la venta de sus libros porque su obra no está dirigida al gran público. Es un asceta que ve en la pobreza una virtud y que no pretende sólo que se resuelva el crimen de su hijo, sino que busca restaurar el tejido social —al que llama humus— a través de un gran pacto nacional.

Sicilia constituye un desafío singular a Calderón porque apunta al corazón del discurso presidencial y porque su autoridad moral es incuestionable. Por su voz se redimen los 36 mil muertos. Dejan de ser sospechosos para convertirse en víctimas de crímenes impunes y de una guerra estéril. Sin embargo, la vara que se impuso es muy alta. Convocó a una marcha desde Morelos a la Ciudad de México, que continuará en una caminata desde Ciudad Universitaria para concluir en una concentración en el Zócalo el 8 de mayo. Su convocatoria debe ser muy nutrida para que se tome en serio su planteamiento de fondo, el pacto nacional por la paz. Pero más allá de la asistencia a la marcha, el pacto nacional puede convertirse en la salida política de Calderón a la guerra. Sicilia tiene la autoridad para convocar al conjunto de los actores políticos a un pacto en donde se replantee la militarización del país y se exploren estrategias alternativas para atenuar la violencia. Calderón puede tomarle la palabra y hacer del pacto de Sicilia una agenda para salir de la emergencia nacional. Puede hacer suyo el pacto, convertirlo en política de Estado y evitar que la guerra fallida se imponga como el tema dominante en la sucesión presidencial.

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