lunes, 18 de noviembre de 2013

Canallas

Columna "Tolvanera" de Roberto Zamarripa, publicada el 18 de noviembre de 2013 en Reforma. 

El coordinador de los diputados federales panistas, Luis Alberto Villarreal, está enojado.

Le ha molestado la difusión de revelaciones sobre cómo él y su hermano exigen a alcaldes un diezmo sobre el dinero público que reciben y de cómo incluso imponen a empresarios para que realicen la obra programada por los ediles.

Los Villarreal no parecen preocupados por realizar una investigación de este ruin modus operandi. Lo que se ha destapado es un sistema de financiamiento ilegal en el cual dirigentes partidistas encuentran la manera para perpetuarse en cargos.

El asesinato de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, exhibió justamente cómo incide la delincuencia organizada en la esfera de la política. El centro de las denuncias del edil michoacano fueron las extorsiones a las que era sujeto, ya fuera por miembros del crimen organizado o por funcionarios no identificados -"los de corbata", les llamaba el alcalde- que exigían dinero a cambio del ejercicio de recursos dados por la Secretaría de Hacienda.

El modus operandi es similar.

Hay quienes dicen que esta operación para saquear recursos públicos, esquilmar a alcaldes y hacer negocio ilegal con empresas constructoras supone algo más que la mera amenaza.

Hay varios eslabones en la cadena que incluye a "técnicos" especializados en la negociación con funcionarios federales para la agilización de los recursos. Incluso trabajan con formatos o solicitudes oficiales que cargan en sus portafolios los extorsionadores de cuello blanco y que presentan a los alcaldes para gestionar el presupuesto para sus proyectos de obra pública.

Parte fundamental para cerrar el círculo son las constructoras vinculadas a los gestores de fondos públicos.

Desde luego que la cadena puede simplificarse si quienes ejercen los recursos públicos son a la vez dueños de las constructoras.

En Huauchinango, Puebla, por ejemplo, un par de hermanos son conocidos por una extraña cualidad: en una década han alternado alcaldía y diputaciones pasando de un partido a otro. Su vida es boyante. Sus negocios también.

Los hermanos Carlos y Omar Martínez Amador han controlado el ayuntamiento de Huauchinango. Uno a otro se pasan la estafeta... y las obras.

Carlos gobernó Huauchinango, municipio cabecera de la empobrecida sierra norte poblana, entre 2005 y 2008. Fue diputado local por el PRI en 2008-2009 por la misma región. En 2012 perdió la puja interna para la candidatura a diputado federal por el PRI, su partido originario. Entonces se fue al PAN y contendió contra Guadalupe Vargas, hija del actual titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas.

Lupita apaleó a Carlos Martínez en la elección del 2012. Aprovechando la extraña coalición de Nueva Alianza, PAN y PRD en los comicios locales de julio pasado, Carlos fue electo diputado local. Ahora aspira a ser el coordinador parlamentario de la fracción local del PRD en la LIX Legislatura del Congreso poblano que durará ¡cuatro años!

En un año ha pasado de ser alcalde priista a candidato panista y ahora diputado perredista.

Su hermano Omar quiso ser candidato priista a alcalde de su natal Huauchinango. No lo aceptaron en el tricolor, entonces se fue al PAN y ganó.

Ambos hacen política con mucho dinero. Y ese dinero, cuentan quienes los conocen, proviene de las obras que su empresa constructora hace en los empobrecidos municipios de la sierra Norte.

Si hay que adocretar calles pues los Martínez Amador surten a los alcaldes de la región del concreto premezclado.

Para evitar confusiones de cualquier tipo, Carlos Martínez Amador ha llegado a instalar su oficina de gestión en el mismo inmueble donde está ubicada su empresa constructora.

Ahí, cuentan vecinos de Huauchinango, atendía a los alcaldes y supervisaba el trabajo de contadores e ingenieros a su servicio. Eficiencia sin límites.

Las dirigencias de los partidos suelen ser felices con este tipo de personajes. Inyectan recursos para campañas, derivados de las obras que como constructores obtienen al extorsionar -el término no le gusta mucho a Villarreal- o al conminar atentamente a ediles a contratar a la empresa bajo su mando.

Los partidos no sufren por recursos. Los hay para todo tipo de campañas y fácilmente burlan las inútiles fiscalizaciones de los institutos electorales. Los dirigentes y militantes quedan eternamente agradecidos porque gracias al dinero "donado" por constructores logran los triunfos electorales. Ya en el cargo, retribuyen con más obra a los constructores benefactores.

Efectivamente, en el PAN nadie quiere encarar a los Villarreal o a los Villalobos o a los villanos en curso. Los recursos de obras logradas bajo coerción o de casineros o de otros afluentes de dudosa procedencia salpican a todos, han aceitado campañas de muchos y por ello varios son presa de ese agradecimiento eterno por el cargo que ahora detentan.

Sí, es una política de canallas. Lo ha dicho bien Villarreal. Lo que hacen es de canallas al usar así el recurso de los ciudadanos.


tolvanera06@yahoo.com.mx

 
 



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Fecha de publicación: 18 noviembre 2013

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